| dc.description.abstract | Con el avance y desarrollo científico-tecnológico experimentados desde principios del siglo pasado, una gran parte de la sociedad, especialmente de los países desarrollados, ha visto mejorada su calidad de vida. Así, podemos constatar cómo en los últimos años la esperanza de vida ha aumentado, el acceso a la educación para la mayoría de ciudadanos es una realidad, podemos disfrutar de un suministro de electricidad y agua constantes, una gran parte de la población tiene acceso a vehículo propio… No obstante, todo este desarrollo ha traído aparejado consigo una serie de consecuencias no tan positivas, tanto de tipo ecológico -aumento de los niveles de contaminación ambientales, de deforestación, pérdida de biodiversidad (WWF 2016)…, como de tipo social -mayor dependencia energética (Valladolid 2014), diferencias más acentuadas entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo. Tal es el impacto de nuestra especie sobre el planeta que hemos pasado a una nueva época geológica: el antropoceno (Waters et al. 2016), surgida como consecuencia de las acciones humanas sobre el planeta Tierra. Todo ello ha propiciado, afortunadamente, que desde hace ya algunos años se haya comenzado a tomar conciencia de toda esta problemática, algo fundamental para empezar a acometer medidas al respecto. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en ambos sentidos: tanto en el de la mayor concienciación de la sociedad, como en el de la implementación de medidas eficaces a este respecto. En este sentido, los distintos gobiernos de los diferentes países tienen su cuota de responsabilidad, si bien, no el cien por cien de esta. Es un deber moral de cada ciudadano y de múltiples instituciones contribuir eficazmente con sus actuaciones a la solución de estas problemáticas. Se trataría, en definitiva, de que todos y cada uno de nosotros contribuyamos con nuestras acciones, por insignificantes que parezcan, a un desarrollo sostenible (Vilches et al. 2008). En esta tarea en la que todos tenemos responsabilidad en la promoción de un desarrollo sostenible, la comunidad educativa tiene mucho que decir. Además, así lo establecen las normativas educativas. Si observamos la legislación educativa vigente en España, podemos encontrar múltiples alusiones hacia el cuidado del medioambiente y la sostenibilidad, desde las etapas más tempranas hasta el Bachillerato. En definitiva, es enorme la implicación que debe tener la comunidad educativa hacia una educación ambiental de la sociedad, si bien es cierto que la comunidad educativa no es la única institución que debe implicarse en este cometido. Hay que tener en cuenta que nuestra sociedad es cada vez más urbana, se espera que en 35 años vivan en las ciudades dos de cada tres personas (UNFPA 2011), lo que implica que surjan problemáticas urbanas con la necesidad de afrontarlas y prevenirlas. Al mismo tiempo indica que es importante trabajar el entorno urbano, ya que será el más cercano a la mayoría de la población. | |
